CRÓNICA DE LA TERMINACIÓN DE UN ACUERDO

Lo que está sucediendo actualmente en Guatemala (si usted lee esto después de estas fechas, entonces lo que sucedió entre finales de diciembre de 2018 y principios de 2019), ha sido todo un proceso largo, polarizante y que ha puesto al pueblo de Guatemala en jaque. No detallaremos todos y cada uno de los eventos que llevaron a ello, ya que sería un texto tan largo como para una novela, (aunque no sería mala idea), sin embargo, nos enfocaremos más bien en los sucesos que se han dado en los últimos dos meses, hasta los últimos minutos del lunes 7 de enero de 2019 a las 18:17 horas. 


Algo que comenzó el martes 18 de diciembre, cuando el presidente Jimmy Morales dio un plazo de 72 horas, que se vencía el viernes 21 del mismo mes, a las 12:40 horas, para que 11 investigadores de CICIG, abandonaran el país, tras la no renovación de sus Visas. El Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal otorgó amparó provisional a una de las acciones a favor de los investigadores para impedir que fueran expulsados, sin embargo los mismos ya se encontraban fuera de Guatemala por motivo de vacaciones según el portavoz de la institución Matías Ponce. Este último indicó que regresarán. 

Según el presidente esto solo fue un proceso administrativo tras agotar el diálogo con las instancias de la ONU.

Los investigadores de CICIG: Coriolando Marcelo Umpierrez Osorio, John Washington Giménez Robayna, Vicenzo Caruso, María Martín Quintana, Fernando Robles Reyes, Yilen Osorio Zuluaga, Roque Marcelo Veliz López, Horacio Roberto Piccardo Candia, Luis Fernando Orozco Álvarez, Fernando Washington Dos Santos Oliveira y César Augusto Rincón Sabogal, serían notificados de la no renovación de la Visa.

Todos ellos investigaban casos, como por ejemplo: Vincenzo Caruso que dio seguimiento al caso de financiamiento electoral ilícito del partido oficial, FCN-Nación. César Rincón, abogado que representaba a la comisión en los casos IGSS-Pisa y Botín Registro de la Propiedad. Luis Fernando Orozco, investigador responsable del caso La Línea y mandatario de Cicig en el caso de financiamiento electoral ilícito de FCN-Nación.

Yilen Osorio estuvo a cargo de la investigación del caso Traficantes de influencias, en la que se señala al diputado Felipe Alejos. Roque Veliz participa en el caso contra Blanca Stalling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia separada del cargo. Y así, muchos otros más. 

Tras estas acciones, las reacciones no tardaron: "Un Estado de Derecho establece el conjunto de normas, dentro de las cuales se encuentra el marco legal para sus habitantes, así como para las relaciones de un Estado con otros Estados y con diversos Organismos Multilaterales. Es por ello que al momento de haberse suscrito un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas que da origen a la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala, es este acuerdo el marco regulatorio de aplicación obligatoria en dicha relación jurídica." Según dijo la Dra. María Consuelo Porras Argueta, Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público, acorde a Prensa Libre.

Tras ello, en la CSJ se presentaron cuatro acciones, la primera por la Fundación Myrna Mack, contra Sandra Jovel, ministra de relaciones exteriores. Eleonora Muralles de la Fundación de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) accionó contra el jefe de Control Migratorio. Cada vez la tensión era mayor.

Mientras tanto, el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal otorgaba amparó provisional a una de las acciones que buscaban impedir que el grupo de investigadores de Cicig, a quienes el gobierno les había puesto un plazo para que abandonaran el país, fueran expulsados; no obstante, los funcionarios ya se encontraban fuera de Guatemala por motivo de vacaciones, informaba Matías Ponce, portavoz de esa misión internacional. El plazo vencía el viernes 21 a las 12.40 del mediodía.

Ponce no aclaró desde qué fecha habían salido de Guatemala los 11 funcionarios de la Comisión, aunque afirmó que volverán al término del periodo de descanso. Y así fue, al menos, en el caso de uno.


Mientras tanto, el gobierno se atribuía la salida de los funcionarios al ultimátum del 18 de diciembre. 


Luego de ello, el ejecutivo presentó a través de la PGN, una solicitud de antejuicio al Juzgado de Paz, para iniciar un proceso de antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad: Gloria Porras, Bonerge Amílcar Mejía Orellana y José Francisco de Mata Vela, cuyos cargos eran: violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución, prevaricato y abuso de autoridad.

El expediente actualmente está en la Cámara de Amparos y Antejuicios, donde fue remitido por el Juzgado de Paz de Turno, inhibiéndose este último ente, según lo indica la Ley en Materia de Antejuicio.

Mientras tanto, la tarde del sábado 5 de enero del 2019, se prohibió el ingreso del funcionario Yilen Osorio Zuluaga de CICIG, que se transportaba en el vuelo de Avianca 443 para entrar a Guatemala, mismo que estaba programado para las 17:30 hrs. Según Prensa Libre, personal de migración le dio a conocer que no podría ingresar al país por "disposición de seguridad y de orden público" conforme a un oficio de 21 de diciembre del 2018, misma fecha en que la Corte de Constitucionalidad ordenó el ingreso y entrega de visas a los investigadores de CICIG.

El funcionario permaneció en la terminal aérea acompañado por personal de la PNC y la PDH (Procuraduría de Derechos Humanos) hasta el día 6 de enero, cuando finalmente el investigador colombiano de la CICIG ingresó al país luego de 25 horas de haber estado en el aeropuerto internacional la Aurora, tras una orden directa de la Corte de Constitucionalidad al Instituto Guatemalteco de Migración. Todo ello tensó mucho más el clima que se venía viviendo, convirtiéndose en una vorágine que aún sigue latente en el ambiente. 

El lunes 7 de enero de 2019, la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, comunicaba al secretario general de la ONU, António Guterres, que Guatemala daba por concluido el mandado de la Cicig en un plazo de 24 horas.  Así mismo se indicó que los funcionarios de la CICIG deberían salir del país y que la comisión debería transferir las capacidades a las instituciones nacionales. 

Los argumentos dados, es que ha habido constantes violaciones de la CICIG a la Constitución de la República de Guatemala, y al estado de Derecho, así como a los derechos de  guatemaltecos y extranjeros en Guatemala. Ha habido "injerencia extranjera" y señalan que la comisión no ha atendido las preocupaciones de Guatemala y no ha habido respuestas de parte de la misma. 

El presidente Jimmy Morales habló en conferencia de prensa en la tarde del lunes 7 de junio, en la que apoyó la decisión de dar por terminado el acuerdo con CICIG. Sin embargo, el secretario de la ONU, António Guterres dijo en un comunicado reciente que la CICIG continúa su trabajo y llamó a Guatemala a respetar sus compromisos.



Jordán Rodas Andrade, Procurador de la PDH, a través de su cuenta de twitter rechazó la decisión del presidente Jimmy Morales con respecto a terminar el acuerdo con CICIG:




Actualmente se organizan manifestaciones con dirección a la CC (Corte de Constitucionalidad) tras el discurso de Jimmy Morales de finalizar con el acuerdo con la CICIG.


Opiniones sobre esta situación:

En una entrevista que le hicimos vía telefónica a la Dra. Irma Alicia Velásquez Nimatuj, periodista, antropóloga e investigadora, para conocer su opinión sobre el ultimátum de Morales y que ahora traemos de vuelta para conocer una perspectiva de lo sucedido y que también se puede aplicar a lo que actualmente sucede, nos comentó: 

“Creo que estamos ante un gobierno que cada vez se está convirtiendo en autoritario”, con respecto a violar derechos y convenios con las Naciones Unidas, lo cual “implica irrespeto total a los compromisos con la democracia en el país” nos comenta Velásquez.

Según la antropóloga, el gobierno ha tomado el camino de defender los derechos de ellos mismos por encima de los de la población, sobre todo la más pobre y vulnerable. 

También nos comentó que si el presidente continúa con esta agenda, no se sabe lo que pasará en el 2019. “La Corte de Constitucionalidad es la responsable y única en garantizar un alto en las decisiones del mandatario guatemalteco” contra el ente de investigación, dependiente de Naciones Unidas, nos comenta ella.

Así mismo con respecto a este ente, de darse una expulsión de los funcionarios (aunque por el momento tienen un amparo que lo impide), Velásquez nos comenta que Naciones Unidas procederá a hacer que se cumplan los acuerdos en tal eventualidad. Se trata de “hacer cumplir lo que están en los documentos” nos dice la Dra. Pero este panorama parece difícil, dado las últimas acciones del ejecutivo sobre el ente internacional.  

Pobreza, desigualdad, corrupción, todos estos fenómenos están conectados comenta la Dra. Irma Alicia. Sin embargo para ella no es suficiente enviar dinero a los países de parte de estos entes internacionales, sino asegurarse que ese dinero sea bien usado, para lograr un impacto diario y a largo plazo. 

Debido a que CICIG es financiado en parte por Naciones Unidas y “países amigos” de Guatemala, le preguntamos cómo podrían reaccionar estos países, en el caso específico de Estados Unidos, quienes criticaron duramente al gobierno de Guatemala y Honduras tras la crisis migratoria y anunciaron reducir sustancialmente la cooperación financiera con dichos países por no haber detenido la caravana de migrantes. 

Para Velásquez, no hay claridad sobre Centroamérica de parte del gobierno norteamericano y no es una prioridad para Estados Unidos. La crisis de los migrantes hace que los ojos de USA estén sobre Guatemala. El país estadounidense tiene la “oportunidad de convertirse en un actor histórico”, si así lo desea, en este tema. 

“Estados Unidos ha sido un actor decisivo” con respecto a Guatemala. Aunque la ayuda, implica no solo por enviar fondos, sino que pasa por empujar la lucha contra la corrupción, por medio de reformas constitucionales, nuevas leyes, etc.

La ciudadanía es clave en todo esto, según la Doctora, quien refiere que tiene un papel fundamental. “Lo que hace Jimmy impacta a las personas”, nos comenta. Es por ello que insta a los ciudadanos a usar los espacios disponibles, como redes sociales, medios de comunicación y demás, para demandar que la lucha contra la corrupción “no cese” porque Jimmy Morales como “cabeza del pacto de corruptos” así lo decida, según nos comenta Velásquez.

“Es el pueblo que debe decidir si la lucha contra la corrupción sigue.” Así mismo nos dice que “todos tenemos la responsabilidad de exigir esa lucha contra la corrupción” y que a todos nos corresponde informarnos sobre y para ello.

Toda esta situación ha polarizado al país, mientras unos manifiestan a favor de la CICIG, otros lo hacen en contra, así mismo se pueden ver mensajes en redes sociales de esto. Sin embargo, tal vez el camino no es solamente de doble vía, sino que puede ser la oportunidad de emprender nuevas acciones que nos lleven a una alternativa en la que se combata tanto a la corrupción y se dé un estado de derecho aunque tome tiempo, como también no se dé una injerencia de ningún tipo, ya sea interna o externa al país que lesione los derechos de los ciudadanos.

No llamamos a actos que puedan ser contraproducentes, y que vayan en contra del orden constitucional y de derecho. Más bien, debemos reflexionar sobre el actuar colectivo, para de una forma pacífica poder dar solución a toda esta situación.

Recientemente tuve la oportunidad de escuchar las palabras del Padre Abreu, que es de Venezuela, donde se vive una realidad muy dura actualmente. Él con sus sabias palabras al preguntársele sobre el tema de CICIG y todo lo que se vive actualmente, manifestó: “No debe haber injerencia, pero tampoco impunidad”.

XelaInFocus

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