Conferencia de prensa del 27 de julio con Jalina Porter, Portavoz Adjunta Principal, imagen de Pixabay
Estados Unidos ha dejado claro a los más altos niveles del Gobierno de Guatemala nuestra opinión de que la lucha contra la corrupción es esencial para nuestros objetivos compartidos de fortalecer el Estado de derecho, aumentar las oportunidades económicas y abordar las causas fundamentales de la migración irregular. Este mensaje ha sido transmitido de manera consistente, sin equívocos, por nuestro embajador en Guatemala y durante las recientes visitas de funcionarios de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos, que reafirmaron la colaboración entre nuestras dos naciones, incluyendo la visita de la vicepresidente Kamala Harris, la administradora de USAID Samantha Power y el secretario de Seguridad Nacional Antonio Mayorkas.
La decisión del 23 de julio de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, de destituir al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, se ajusta a un patrón de conducta que indica falta de compromiso con el Estado de derecho y con procesos judiciales y fiscales independientes. Como resultado, hemos perdido la confianza en la fiscal general y su decisión, e intención, de cooperar con el gobierno de los Estados Unidos y de luchar contra la corrupción de buena fe. Entendemos que la destitución del jefe de la FECI fue una decisión tomada por una funcionaria guatemalteca actuando dentro de su autoridad como oficial, pero nuestra preocupación es por las implicaciones de esta decisión para el Estado de derecho y la estabilidad regional.
Como consecuencia de las acciones de la fiscal general, el gobierno de los Estado Unidos está suspendiendo temporalmente la cooperación programática con el Ministerio Público, mientras realiza una revisión de nuestra asistencia a las actividades que dirige la fiscal general. Estamos observando de cerca cualquier acción adicional que pudiera debilitar el Estado de derecho o la independencia judicial en Guatemala.
